La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por incumplimiento de los requisitos de la directiva marco de residuos, que exige que los Estados miembro adopten todas las medidas necesarias para garantizar que su gestión no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente.

Los países de la UE también deben garantizar que los residuos se eliminen de forma segura y que los productores originales de residuos los traten ellos mismos o garanticen que el tratamiento se realice de forma adecuada.

España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir estos requisitos y Bruselas apunta que la persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está causando daños importantes al medio ambiente y poniendo en peligro la salud humana.

Esto demuestra también que España no ha cumplido con sus deberes de escrutinio, inspección y aplicación de la ley en materia de vertidos de residuos, lo que genera riesgos para la salud y el medio ambiente, que el Pacto Verde Europeo pretende abordar.

La Comisión envió una carta de emplazamiento formal a España en diciembre de 2015, seguida de un dictamen motivado en noviembre de 2018, en el que se daba dos meses a las autoridades para tomar las medidas pertinentes antes de recurrir a la Justicia Europea.

A pesar de algunos avances, el Ejecutivo comunitario considera que las autoridades españolas no han subsanado plenamente las deficiencias y que sus esfuerzos han sido insuficientes hasta la fecha, por lo que ha decidido elevar el caso ante el TJUE.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]