Las nuevas normas facilitan a los consumidores devolver aparatos pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica sin tener que comprar un nuevo producto y también disminuyen las cargas administrativas a los fabricantes. El plazo para que los Estados traspongan estas reglas es de un año y medio. con este nuevo desarrollo legislativo se revisa la directiva actual sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente desde 2003. La nueva normativa tendrá que ser respaldada formalmente por el Consejo.

Objetivos de recogida y reciclado

Una de las metas a lograr es que los Estados miembros incrementen sus objetivos de recogida de residuos eléctricos, al margen de que ya hayan alcanzado la meta general de 4 kilos por persona por año.

Hay diez Estados miembros que aún deben mejorar sus instalaciones de recogida. Debido a esto, tendrán un objetivo intermedio del 40% y podrán aplazar a 2021 la meta de 2019. Estos países son Bulgaria, la República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

El Parlamento Europeo ha logrado introducir en la directiva una cláusula que permite a los consumidores devolver aparatos "muy pequeños", como los teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica, sin tener que comprar otro aparato. Las pequeñas superficies quedan excluidas de esta disposición.

La directiva establece que se deberán utilizar en todo momento las mejores técnicas de reciclaje.

En cuanto a las exportaciones, se han logrado introducir controles más estrictos para impedir el envío de cargamentos ilegales a terceros países donde el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos pone en peligro la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Los exportadores deberán demostrar en el futuro que los aparatos se envían para fines lícitos, como su reparación o reutilización.

Por otra parte, los fabricantes seguirán financiando la consecución de los objetivos de recogida. Por otra parte, se relajarán los requisitos de registro e información y habrá unas normas más claras para evitar el cobro, por partida doble, de los gastos de registro.