Así, el Consorcio no está de acuerdo con este impuesto regulado en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que se está tramitando actualmente en las Cortes de Castilla y León. Así, también se muestran preocupados por la aplicación la aplicación de este nuevo impuesto que podría suponer una auténtica asfixia económica.

Para analizar lo acontecido y formular las alegaciones pertinentes, si así lo acuerdan sus miembros, la Junta de Gobierno de Gersul se reunirá en una sesión de carácter urgente el próximo martes, día 28 de febrero.

En el seno del órgano se analizará si lo que procede es instar a la Junta de Castilla y León a la retirada de esta medida o, en su defecto, proponer otras medidas como que los beneficios procedentes del impuesto reviertan en los municipios gravados. Asimismo, también se estudiará durante el encuentro si es conveniente solicitar una demora de su entrada en vigor, con el fin de convocar previamente a las entidades locales afectadas y esclarecer muchas dudas.
Entienden que conviene aclarar el procedimiento y que se establezca un sistema de distribución de ingresos para destinarlo a financiar infraestructuras para el tratamiento.

En función de la interpretación de la administración autonómica sobre lo que es "valorizable o no", se calcula que el Consorcio tendrá que hacer frente anualmente a una cantidad que oscila entre el 1.050.000 de euros y los tres millones de euros. La denominada ya como ‘ecotasa’ supone una nueva carga que viene a agravar más, si cabe, la dura situación por la que atraviesa el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. La entidad reclama que lo más lógico habría sido valorar la puesta en funcionamiento de otras medidas alternativas más convenientes que este nuevo impuesto, como la implantación de políticas de apoyo a la reducción de los vertidos.