Ambos comparecerán con sus abogados defensores ante la magistrada el próximo 25 de abril. La víspera, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad tomará declaración como testigos a tres técnicos municipales que firmaron en contra de la concesión de licencia de obras y de actividad a la UTE que también gestiona el servicio de recogida de la basura en la ciudad, Acciona-La Generala. El concejal no hizo caso a los informes y firmó un decreto el 12 de octubre de 2010, basándose en un documento externo, solicitado a la abogada urbanista Begoña Sancho. Las fuentes del diario Las provincias, señalan que en el expediente administrativo no consta quién solicitó esa asesoría, el contrato público que lo ampara ni su coste económico.

Un año más tarde, el 21 de octubre de 2011, Moreno suscribió otro decreto que declaraba caducada la licencia por una supuesta inactividad de la empresa. Para entonces, la planta, situada en una parcela de suelo no urbanizable de la carretera de La Marquesa llevaba desde 2004 trabajando de manera ilícita, tal y como denunciaban los grupos de oposición municipal, grupos ecologistas e incluso el Seprona.

El pasado 28 de noviembre, una concejal socialista interpuso una denuncia por estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial, ya que su grupo municipal no había conseguido saber si el gobierno iba a «proceder a la clausura inmediata de las instalaciones» e incoar los correspondientes «expedientes sancionadores en materia urbanística y medioambiental». El decreto que obligaba al cierre de la planta fue firmado el pasado 29 de febrero por el concejal Francisco Moreno, aunque entró en vigor el 5 de marzo siguiente.

Al parecer, en ese momento la sección territorial de la Fiscalía de Torrevieja ya había terminado sus trámites de investigación y concluido que los hechos denunciados revestían indicios de delito.

El auto por el que acuerda la citación de testigos y los dos imputados está fechado el pasado 5 de abril. Los técnicos que deberán explicar por qué se opusieron a la concesión de la licencia de obras y actividad son la arquitecta municipal y jefa del Servicio de Urbanismo y dos arquitectos técnicos municipales.

Los denunciantes también indicaban que era la segunda ocasión en la que se hacía uso de un informe externo en cuestión de residuos. El primer caso se dio a raíz de la adjudicación, en el año 2004, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a Necso Entrecanales, una empresa integrada en el grupo Acciona.