Los inspectores del servicio de control  de Riesgo Ambiental de la Xunta de Galicia han decretado hoy 53 nuevas alertas sanitarias en la ciudad y el municipio de Lugo. 

Esta vez, las alertas sanitarias afecta a tres núcleos de población de la zona rural y 13 calles llenas del núcleo urbano, aunque ninguno de ellos se encuentra en el centro histórico de la ciudad y son vías mucho menos pobladas que las avenidas y rondas que se encontraban en una situación de alarma en la semana pasada. 

Con respecto a otras alertas sanitarias dictadas en el día de hoy, son los puntos específicos dentro del núcleo urbano de la ciudad de Lugo, pero no se hace referencia a las calles completas. 

Lugo afronta hoy su jornada de huelga de basuras número 50 con medio centenar de puntos en alerta sanitaria, 200 toneladas de residuos en las calles, dos camiones quemados y más de una docena de contenedores que han corrido la misma suerte. Después de todo este tiempo, no asoma una salida viable a la protesta, a la espera de que el mediador designado por el Consello Galego de Relacións Laborais convoque de nuevo a la dirección y a los trabajadores de Urbaser, la concesionaria municipal del servicio.

Poco se ha avanzado en un conflicto que suma 12 reuniones, ocho previas a la huelga y cuatro durante la protesta. A las demandas originales del personal que dieron pie a la movilización (la actualización del IPC y una paga de 600 euros) se une ahora la readmisión de los 11 miembros del comité de huelga o de empresa despedidos y la retirada de las sanciones a otros 78 operarios de la contrata, apercibidos de sanción por incumplimiento de servicios mínimos. El acuerdo sobre estas medidas disciplinarias es ahora el principal escollo de la negociación.

Ayer los trabajadores acudieron al Ayuntamiento para revisar el contrato de la concesionaria y estudiar la posibilidad de modificiar la jornada de 14 empleados que ahora se prolonga de lunes a domingo. Los huelguistas pretenden que se recorte de lunes a sábado, pero el encuentro de ayer sobre este punto con el gobierno local, informó el secretario del comité de empresa, Julio Pacio, fue un nuevo fracaso.

“Lo que se pide ahora es una modificación del contrato”, se queja Benito García, representante de la empresa. “Cada vez se incorporan elementos nuevos que nada tienen que ver con el convenio”. “La empresa está cerrada en banda. Se quiere dar ejemplo como a los niños pequeños”, replica el sindicalista Pacio, quien defiende que Urbaser, filial de ACS, no da su brazo a torcer porque no quiere que se rebelen los trabajadores de otras concesiones.

Si en algo coinciden las partes en litigio es que los servicios mínimos del 100% decretados por el gobierno local se están cumpliendo, lo cual supondrá un alivio para las economías de los trabajadores, que cobrarán su salario íntegro frente a las nóminas de entre 19 y 87 euros que percibieron en junio. Huelguistas y empresa esperan la llamada del Consello de Relacións Laborais para volverse a sentar a negociar.