Según fuentes de la administración autonómica, los servicios jurídicos del Gobierno han afirmado que todos los informes del expediente son correctos, por lo que se descartan ilegalidades en la instalación.

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) fue otorgada a través de una Resolución de la dirección General para el Cambio Climático, de fecha de 15 de junio de 2011, a la empresa Reyval Ambient, S.L., para una instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en la partida de Santa Ana, en el término municipal de L'Alcora (Castellón).

A pesar del recurso del nuevo equipo de Gobierno, la Generalitat lo considera que la tramitación se ajusta al derecho. El director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, ha señalado que "la tramitación de una AAI es un procedimiento totalmente reglado y según todos los informes disponibles de los servicios jurídicos en el caso de la incineradora de L'Alcora se ha realizado de manera totalmente correcta y por lo tanto se han de desestimar los recursos presentados por el actual equipo de Gobierno de L'Alcora". Además, ha apuntado que el Gobierno no se muestra a favor ni en contra de la instalación.

Tejedo ha recordado que el anterior equipo de Gobierno, "pudo presentar alegaciones al proyecto en su periodo de exposición pública y no lo hizo, por lo que los trámites siguieron su cauce".

Tras la concesión de la AAI, tanto el consistorio liderado por la popular Merche Mallol y la Plataforma No a la Contaminación, presentaron sendos recursos de alzada contra la concesión al entender que se habían producido modificaciones entre el proyecto inicial de la incineradora presentado por Reyval y el que finalmente fue aprobado por la Conselleria.

Al pasar tres meses sin obtener respuesta de la Conselleria, tanto el Ayuntamiento como la Plataforma presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. No obstante, la Consellería indica que los servicios jurídicos han estudiado las alegaciones pero se ha determinado que todo está correcto.

Desde la Conselleria han señalado además que se trata de una decisión puramente jurídica, ya que las decisiones de la Conselleria "se basan en informes que son correctos y hay que aceptarlos, pero si el ayuntamiento ha decidido recurrir a los tribunales está en su pleno derecho de hacerlo y se aceptará lo que diga el juez". Por otra parte, el director general de Calidad Ambiental ha remarcado que si esta instalación llega a construirse, desde la Conselleria "se velará por el cumplimiento de lo que establece la Autorización Ambiental Integrada".