La presidenta de la EMTRE, Mª Àngels Ramón-Llin, ha comunicado que esta tasa se encuentra vigente porque no ha sido "ni anulada ni suspendida", y por tanto "es de obligado cumplimiento para todos los municipios que conforman la EMTRE". También ha apuntado que entre estas obligaciones se encuentra la de asumir el tratamiento, valorización y eliminación de residuos, y por tanto, su financiación.

Ramón-Llin ha advertido a estos ayuntamientos que si no siguen esta resolución habrá consecuencias "de todo orden, personales, administrativas y patrimoniales" ya que no se puede elegir qué tasas se pagan y cuáles no.

Los informes jurídicos de la EMTRE citados apuntaban que estos actos de obstaculización del cumplimiento del convenio entre la entidad y la empresa concesionaria del agua, suponen una "clara infracción de la Ordenanza" y por ende, una "intromisión ilegítima municipal" en el ejercicio de las competencias de la EMTRE.

Por ello, la Entidad Metropolitana ha comunicado a los municipios que, de persistir en su actuación ilegal, pueden incurrir en responsabilidades que pueden obligar al municipio a asumir los daños y perjuicios que cause dicha actuación.

Además ha concluido que las empresas gestoras del agua en estos municipios tienen una obligación legal de continuar incluyendo la TAMER en el recibo del agua.