La Generalitat, que la semana pasada declaró desierta la privatización de la incineradora de Constantí (Tarragona), abrió el miércoles un proceso negociado con el fin de lograr que esta privatización llegue a buen puerto y, para ello, permitirá el pago a plazos al ganador.

La entidad da así facilidades para poder garantizar el éxito de la privatización e ingresar así los 42,27 millones de euros previstos.

La Generalitat declaró la semana pasada desierta la privatización porque la única empresa que se presentó solicitaba el pago fraccionado.

No obstante, fuentes de la Agència Catalana de Residus han precisado que han invitado a las ocho empresas que en enero se interesaron por esta instalación para que presenten sus ofertas.

Además de Tradebe, que se presentaba a esta privatización a través de su filial Ecológica Ibérica y Mediterránea; también llegaron a la fase final las empresas francesas Ibertredi y Sita, y la invitación también se cursará a las empresas Cespa, FCC, Hera Tratesa, Comsa y Befesa.

Estas ocho empresas tendrán de plazo hasta el próximo martes para hacer una oferta en firme por la incineradora de Constantí, aunque el precio de salida no ha variado (42 millones), sino solo las condiciones de pago. Se pretende con ello, según el Govern, poder finalizar los trámites antes sde Semana Santa.

Tradebe, con sede en Sant Joan Despí (Barcelona) se ofrecía a asumir 25,9 millones de euros de un crédito sindicado que expiraba en 2016 y a abonar los 16,37 millones de euros restantes a razón de dos millones de euros anuales en los próximos ejercicios.

La Generalitat reconoció recientemente que la privatización de la incineradora de Constantí a otra empresa le obligaría a indemnizar a la actual concesionaria -Grecat, participada a partes iguales por Basf, Comsa Emte y Ecocat- con 7,3 millones de euros.