Como es evidente, el coste de la recogida selectiva es más elevado puesto que precisa dos camiones diferentes o bien un camión con dos compartimentos separados. Asimismo, Basanta ha explicado que "por el contenido de la bolsa negra, los municipios tienen que pagar a Sogama el canon correspondiente; por el contenido de la bolsa amarilla, sin embargo, es al contrario: el ayuntamiento cobra". La Consellería de Medio Ambiente no pudo indicar las cantidades que se pagan y se cobran por cada tonelada de basura, ya sea orgánica o de envases ligeros ya que carecen del dato, según un portavoz. De Benito ha explicado que los que pagan por los residuos orgánicos y los que cobran por la basura reciclada que se entrega a Sogama son los ayuntamientos, no las empresas concesionarias.

El representante de Calidade e Avaliación Ambiental ha indicado que las actas de la Policía Autonómica se realizaron entre junio y julio y se abrieron expedientes tras comprobar estas irregularidades en algunos de los 20 ayuntamientos investigados. Por lo pronto están en fase de tramitación y se atenderá a las alegaciones de os afectados. Por otra parte, se podría también implicar a las corporaciones locales por responsabilidad subsidiaria, pues deben vigilar las concesiones que tienen.

Las tres empresas implicadas son grandes beneficiarias de concesiones públicas en todo el país. Celta Prix, la empresa gallega que trata los residuos en las localidades pontevedresas de Silleda y Agolada afirma en su página web tener la concesión ser la beneficiaria de las concesiones de 73 entidades públicas de Galicia y de la provincia de Huelva, porque no solo presta servicios en la gestión de recogida de basura en numerosos ayuntamientos, sino que también es la concesionaria de la gestión de personal de varios parques de bomberos en la comunidad. Por su parte, Isolux Corsán tiene, entre otros negocios, la concesión del servicio de recogida y tratamiento selectivo de varios municipios gallegos, entre los que se encuentra Cee. Urbaser pertenece al Grupo ACS, la constructora de Florentino Pérez, y se encarga de la misma actividad que la anterior en más de 100 municipios españoles, entre ellos Marín.

La investigación se inició en base a las opiniones de los veciones de algunos municipios, que indicaban que los residuos eran mezclados por las empresas de recogida de basura. Así pues, el secretario general ha indicado que los controles aleatorios y periódicos son importantes y seguirán realizándose.