La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó el pasado 4 de diciembre un informe en el que advierte de que las tasas de basuras "siguen reflejando una compleja serie de conceptos que varían según cada ciudad gravando o reduciendo su coste real".

El estudio, que analiza los importes de las tasas de basuras en 56 grandes urbes, recoge que hay diferencias de hasta 174 euros según la ciudad. Así, pueden llegar a los 27,6 euros en Soria a los 202-05 euros en San Sebastián.

Para una vivienda de 95 m², con tres personas empadronadas, un valor catastral de 79.000 euros y un consumo anual de agua de 175 m³ situada en una calle de la categoría fiscal más habitual en cada ciudad, las tasas superan los 150 euros en Barcelona, Gerona y San Sebastián (202,50 euros), mientras que no llegan a los 30 euros en Alicante y Soria (27,60 euros).

Además, en Badajoz, Málaga y Las Palmas no se facturan de forma expresa, probablemente porque se incluyan en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), según precisa la OCU, que avisa de que no hay "una correspondencia entre el precio cobrado y la satisfacción con la gestión de los residuos".

Esta situación va a cambiar necesariamente el próximo 8 de abril, fecha en que entra en vigor la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular que obliga a implantar una tasa refleje el coste real de todas las actividades relacionadas con la gestión de las basuras del ayuntamiento: recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas de concienciación.

La nueva norma contempla la posibilidad de incluir criterios para personalizar la cuantía de la tasa, basados en el principio de "quien contamina, paga". Por lo tanto, el importe podría ser diferente a la hora de pagar la tasa si en la localidad es un importe fijo para todos los consumidores, o si varía en función de la calle en la que se encuentra la vivienda, o si hay tarifas diferentes para los usuarios según como separen las basuras.

Por ejemplo, los usuarios que separen correctamente sus residuos, vayan al punto limpio o participen en programas de compostaje, puedan beneficiarse de reducciones en la tasa. "Que paguen menos los que generen menos residuos o los separen mejor, incentivará un comportamiento más sostenible", prevé la organización.

También está previsto que se apliquen tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social. Estas tarifas especiales, cuando existen, suelen tener en cuenta los ingresos, o la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad...) o incluso la ubicación de la vivienda.

OCU solicita a los ayuntamientos que la presumible subida de las tasas más bajas se refleje en una bajada del importe de otras tasas municipales (como el IBI) que hoy por hoy recogen parte de su coste; y recomienda a los consumidores que consulten posibles reducciones de estas tasas ,ya que "en muchas ciudades hay bonificaciones para hogares con bajos ingresos, pensionistas, desempleados, discapacitados o familias numerosas".

La accesibilidad de los contenedores y los puntos limpios son otros aspectos que la organización considera que "los ayuntamientos deben mejorar, incentivando la recogida de envases plásticos a través del nuevo sistema de envases retornables".

Además, OCU insiste a las autoridades nacionales y europeas para que se siga trabajando para evitar el sobre-embalaje de todo tipo de productos a la venta, un aspecto que la organización ya analiza en gran parte de sus análisis comparativos.

Más información en este enlace: Tasa de basuras: grandes diferencias entre ciudades

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]