Además, también han defendido que tanto la UE como los Estados miembros eliminen las subvenciones para prácticas que dañen al medio ambiente antes de 2020 y que el sector público refuerce los requisitos para la "contratación ecológica". Asimismo, se solicita que el Ejecutivo europeo analice si estos requisitos se pueden vincular a proyectos financiados con fondos comunitarios.

Los eurodiputados instan a los Estados miembros a promover la fiscalidad medioambiental para contribuir a incrementar la competitividad y fomentar el desarrollo tecnológico ecológico y aconsejan que garanticen incentivos como tipos de IVA reducidos para materiales secundarios.

Otras medidas que se piden es que las actuales normas comunitarias sobre diseño ecológico se prolonguen también a los productos no relacionados con la energía y exija mejoras en la durabilidad y reciclaje de los productos, así como en reparación y reutilización, puesto que un diseño más eficiente beneficia a industria y consumidores. Asimismo, se propone que el etiquetado de los productos proporcione a los consumidores información sobre el uso de recursos utilizado y su impacto medioambiental.

Finalmente, el informe reclama la formación de grupos especiales conjuntos al Ejecutivo comunitario para desarrollar planes de acción específicos con los que mejorar el uso de los recursos en los sectores alimentario, de bebidas, vivienda y movilidad.