Los consumidores portugueses pagan  10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico, una polémica medida defendida por el Gobierno conservador, pero criticada por la industria.

Incluida en la denominada “reforma de la fiscalidad verde”, este nuevo impuesto aprobado a finales de 2014 e incluido en los Presupuestos de 2015 entró hoy en vigor como una forma de proteger el medio ambiente, de acuerdo con el Ejecutivo, que estima que recaudará 40 millones de euros por este tributo.

Gremios como la Asociación Portuguesa de la Industria de Plásticos y la Asociación Portuguesa de las Empresas de Distribución consideraron que la tasa de 0,10 euros es elevada, teniendo en cuenta el nivel de vida del país, y abogaron por que su entrada en vigor debería haberse producido de forma más gradual.

Desde el domingo, cuando un consumidor pase por el cajero, se le preguntará, como ya es habitual en Portugal, si necesita bolsa de plástico.

Si la respuesta es afirmativa, se le cargará los 10 céntimos de tasa estatal, que serán 13 céntimos si el establecimiento ya tenía como práctica cobrar la bolsa (varias grandes cadenas ya aplicaban una tasa de 3 céntimos de euro).

El impuesto, así, repercutirá en el bolsillo de los clientes y no se limitará a los supermercados, sino que también afecta a todos los sectores del comercio, incluida la restauración.

Están exentas las pequeñas bolsas sin asas, muy ligeras, habitualmente transparentes y utilizadas para la fruta y la verdura.

Según datos del Gobierno luso, Portugal es uno de los países europeos donde más bolsas de plástico se utilizan: en total son unas 466 por persona y año.

La meta es reducir ese número a 50 en 2015 y acabar estabilizando la cifra en 35 bolsas por persona y año, es decir, unas tres al mes, lo que significaría un descenso del 92 %.