La Guardia Civil ha detectado 21 irregularidades en materia de residuos, industria, sanidad vegetal y protección ambiental durante una serie de inspecciones realizadas en explotaciones agrícolas y centros de gestión de residuos en Caravaca de la Cruz y Cehegín.

Las inspecciones estaban dirigidas al control de productos fitosanitarios que pueden contener sustancias potencialmente cancerígenas o tóxicas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado. El resultado de las investigaciones ha sido puesto en conocimiento de las autoridades administrativas competentes.

La inspección llevada a cabo por el SEPRONA en una finca agrícola de Caravaca de la Cruz ha permitido detectar seis infracciones administrativas a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; y a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. En esta explotación agrícola se almacenaban y depositaban a la intemperie, directamente sobre terrenos sin impermeabilizar, gran cantidad de envases vacíos y productos fitosanitarios en aplicación.

En un centro de gestión de residuos no peligrosos de Cehegín se hallaron, entre otros, aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso almacenados sin reunir condiciones de higiene y seguridad y mezclados con otros tipos de residuos, así como gran cantidad de envases fitosanitarios y residuos tóxicos y peligrosos.

Esta mercantil, además, no contaba con las autorizaciones administrativas necesarias y no disponía de instalaciones con las medidas exigibles para la tenencia y almacenamiento de los residuos, por lo que fue objeto de 12 propuestas de sanción en materia de protección ambiental, industria, residuos y sanidad vegetal.

En una explotación agrícola, de forma similar a la finca de Caravaca de la Cruz, se pudo comprobar la acumulación de envases de diferentes productos fitosanitarios mezclados con otros tipos de residuos, entre ellos tóxicos y peligrosos, así como disfunciones notables tanto en el almacenamiento, como en la gestión de los mismos, siendo un total de tres, las actas-denuncias confeccionados. Los guardias civiles del SEPRONA también detectaron derrames de estos productos, así como de aceites y filtros de aceite usados procedentes, al parecer, de su uso en maquinaria agrícola.

Las irregularidades observadas en las instalaciones inspeccionadas estarían catalogadas como muy graves, en la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, lo que conlleva multas desde 100.001 euros hasta 3.500.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 600.001 euros hasta 3.500.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]