De esta manera, un comunicado conjunto de Ecoembes, Ecoasimelec, Ecopilas, Ecofimática, Ecolum, ERP España, Sigaus, Sigfito, Signus, Sigre y Tragamóvil, defiende que el cambio en el régimen jurídico e institucional propuesto para los SIG es "innecesario". Así, alegan que la modificación "dificultará su estructura organizativa y de funcionamiento" y advierte de que a "corto y medio plazo" se puede llegar a la interrupción de la financiación de las empresas adheridas a gestión ambiental de residuos hacia los ayuntamientos.

Estas entidades agrupan al 13% del PIB nacional y lamentan esta dirección legislativa en el sector del reciclado en España, que aseguran que está actualmente entre los países más punteros de la Unión Europea, por lo que han subrayado su "preocupación por el retroceso de los objetivos de recuperación y reciclado que se puedan producir".

Con este documento los SIG intentan difundir entre las autoridades medioambientales, agentes sociales y económicos y sociedad española el riesgo que puede suponer la aprobación de lo que actualmente es el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

En relación al traslado de residuos entre comunidades autónomas, las entidades critican los impedimentos "injustificadas" que provocarán "necesariamente, actuaciones ineficaces" así como un aumento del gasto económico en el proceso en "numerosas ocasiones". Estos factores se traducirían, según los SG, en falta de eficacia en la recogida y en el tratamiento medioambiental de estos residuos y en un mayor coste medioambiental que advierten de que se repercutirá en los usuarios.

La petición de este colectivo se dirige a la modificación de los artículos de la ley a los que hacen referencia para poder garantizar los resultados medioambientales conseguidos y seguir avanzando.