En él se realiza un análisis por áreas ambientales haciendo uso de estadísticas y datos conseguidos por las Comunidades Autónomas y el propio Ministerio de todos los ámbitos que afectan al medio ambiente: desde el aire y el agua, hasta la industria, el transporte y la agricultura.

Los residuos también tienen su propio apartado, siendo la nueva ley la principal novedad del pasado año. Con esta ley se orienta la política de residuos maximizando el aprovechamiento de los recursos y reduciendo los impactos de la producción y gestión. En el informe se destaca también la promoción de la innovación para facilitar soluciones con mayor valor, con la esperanza de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector y contribuir a la conservación del clima. Concretamente, la coordinación de las estrategias del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, la actualización del Plan Nacional de Residuos y la aprobación de una estrategia de prevención y reciclado de residuos que tenga como consecuencia última la creación de empleo.

Aunque las tasas de recogida y valorización de determinados residuos muestran algún incremento en los últimos años, la realidad muestra que el sector de residuos peligrosos ha caído un 14,39% en el último año.

Por esta razón se hace fundamental la coordinación para conseguir que la legislación de residuos se aplique de forma homogénea y con criterios semejantes. Esta unificación legislativa también mejoraría la información sobre residuos, ofreciendo datos fiables y actuales y se disminuiría el fraccionamiento de información existente, puesto que hoy en día no es posible conocer con exactitud ni agilidad la evolución de la actividad en nuestro país.

Además se lograría aplicar la legislación de residuos con un mayor rigor, algo que, como indicó la Comisión Europea en su estudio "Implementing EU waste legislation for green growth" del pasado mes de noviembre, tendría una fuerte repercusión en la creación de empleo.