Un informe de 2024 de la Agencia Europea del Medioambiente (EEA), que utiliza datos de 2020, concluye que en ese año la Unión Europea generó 6,95 millones de toneladas de residuos textiles, unos 16 kg por persona. De estos, solo 4,4 kg se recogieron por separado para su potencial reutilización y reciclaje, y 11,6 kg acabaron en la basura junto a otros residuos domésticos.

Pero España está por encima de la media europea y supera los 20 kg por persona y año, de los que solo se recogen selectivamente 2,1 kg. Y de este volumen, solo el 4% (0,8 kg) es ropa y calzado que depositamos en los contenedores, después de haberlos utilizado. España envía esas prendas usadas a más de un centenar de países, en su mayoría africanos y asiáticos. Los tres destinos que mayor cantidad de ropa usada importan desde nuestro país son Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Pakistán, que a menudo no son su destino final.

La ONG, que recuerda que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, insiste en que esta situación se ha exacerbado en pocos años. La exportación de ropa usada desde la Unión Europea (UE) se triplicó y pasó de 550.000 toneladas en 2000 hasta casi 1,7 millones en 2019.

Greenpeace ha seguido durante un año y gracias a rastreadores camuflados en los tejidos, el viaje de 23 prendas de ropa que fueron depositadas por la ONG entre agosto y septiembre de 2023 en contenedores de tiendas de Mango y Zara de varias ciudades españolas. Cada una ha recorrido una media de 9.000 kilómetros, y en total, las 23 han sumado 205.121 km, lo que equivale a dar cinco veces la vuelta a la Tierra, hasta aterrizar en 11 países diferentes, la mayoría del Sur Global, principalmente en Asia y África. Entre las prendas geolocalizadas, cinco llegaron a Togo, Camerún y Costa de Marfil. Un pantalón viajó, por ejemplo, 22.000 kilómetros en 215 días, desde Madrid hasta Abiyán, pasando por Emiratos Árabes Unidos, hasta que su pista se perdió. “Una prueba de este sistema insostenible”, afirman los investigadores de Greenpeace.

Según datos de la EEA, alrededor del 46% de los textiles desechados por los países europeos termina en África, y el 41%, en Asia. En África, se intenta que puedan ser reutilizados, ya que existe una demanda de ropa usada y barata procedente de Europa. Pero, según Greenpeace, un 40% de la ropa que llega al continente no se vende y termina quemada o en un vertedero. En Kenia, por ejemplo, según la organización de reciclaje Afrika Collect Textiles, el 40% de la ropa usada que reciben es de tan mala calidad que ya no la puede usar nadie.

Las toneladas de basura textil en Kenia, Ghana o Tanzania también tienen un impacto en el desarrollo y salud de sus habitantes, porque la gestión de estos desechos no es la adecuada. “Son destinos que emergen de repente como zonas receptoras en las que el medio ambiente se destroza también muy rápidamente”, lamenta Del Río. Además, varios países africanos se plantean limitar las importaciones de textiles usados, con el fin de proteger la producción textil local.

En Asia, paradójicamente, la región del mundo donde más ropa nueva se fabrica, la mayoría de los textiles usados llegan a lugares ubicados en zonas francas cercanas a puertos o aeropuertos, donde se clasifican y se reexportan a países africanos o asiáticos, donde potencialmente pueden convertirse en trapos o rellenos industriales, o ser desechados en vertederos o incinerados por su escaso valor.

Greenpeace también recuerda el caso de Bangladés, donde la industria textil, utilizada por algunas marcas europeas, genera el 20% del PIB y más del 80% de los ingresos por exportaciones, al tiempo que emplea a 4,5 millones de personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, nueve de cada diez trabajadores no pueden permitirse comprar alimentos suficientes para ellos y sus familias con el salario que reciben.

Los contenedores en tiendas son por ahora voluntarios, pero a partir de 2025 y en virtud de la ley de residuos y suelos contaminados, de 2022, los ayuntamientos tendrán que instalar muchos más para recoger residuos textiles de forma separada y las tiendas también tendrán la obligación de colocarlos, para que se depositen ahí las prendas usadas. Al mismo tiempo, los comercios no podrán tirar los excedentes no vendidos, que deberán destinar “en primer lugar a canales de reutilización”. Es decir, serán más responsables de los residuos que generan.

Greenpeace insiste en que esta ley se centra “en el último eslabón de la cadena” y no en la manera de producir, que es el origen del problema, y considera que “perpetúa la mentalidad neocolonialista que subyace tras este modelo impulsado por parte de las marcas de moda y su evasión de responsabilidades”. “Se necesitan cambios legislativos mucho más drásticos. Si una empresa es totalmente responsable del impacto que generan sus residuos, también se tiene que responsabilizar de que no acaben en un país africano, quemados o en un vertedero, y, por tanto, tiene que apostar por fabricar menos prendas y de más calidad. Pero esto no es lo que las marcas propugnan”, insiste Del Río, subrayando que Greenpeace considera que volver a los niveles de producción de ropa de hace 25 años ya representaría un cambio sustancial en la buena dirección.