Más de varios miles de ganaderos, representantes del sector porcino y trabajadores de las plantas de purines se han concentrado este martes 18 frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reclamar una solución inmediata para las 29 plantas de tratamiento que dan respuesta a las necesidades de gestión de los excedentes de purines de más de 2.000 explotaciones ganaderas repartidas por toda la geografía española. Las plantas de gestión de los purines se han visto obligadas a paralizar su actividad, debido a la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, que les produce la quiebra automática de forma retroactiva desde julio del 2013.

El recorte unilateral en más de un 40% de la prima a este tipo de energía producida por las plantas de tratamiento que propone el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, deja a miles de ganaderos sin una solución a corto plazo para la gestión de los excedentes de purín de sus explotaciones.

El porcino es el sector ganadero más importante en España. Representa el 14% de la producción final agraria, y genera más de dos millones de empleos, de los cuales 200.000 son puestos de trabajo directos. Este sector es un importante motor de la economía española con una producción de 3,5 millones de toneladas de carne, de las que se exportan más del 40%.

El cierre definitivo de estas instalaciones implicaría la pérdida de más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, en su mayoría en el medio rural y afectaría a más de 2.000 explotaciones que gestionan sus excedentes a través de las 29 plantas existentes. El impacto total del cierre de estas instalaciones se cuantifica en cerca de 350 millones de euros.

Las organizaciones convocantes han exigido al Gobierno una solución inmediata que permita a las plantas de cogeneración de tratamiento de purines mantener su actividad y a los ganaderos poder gestionar correctamente sus excedentes. 

Para ello ADAP, ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, Cooperativas y UPA han entregado un manifiesto a Industria en el que proponen eliminar el carácter retroactivo de la propuesta legislativa del Ministerio de Industria, una moratoria del régimen actual de al menos 2 años, que permita al sector buscar soluciones alternativas y viables, y la interlocución entre gobierno y sector afectado para conocer el transcurso de las negociaciones.