El 57% de las leyes aprobadas en España en 2022 provienen de directrices y decisiones europeas, según un informe anual que ha sido presentado el pasado 13 de enero por el director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, que ha trasladado la importancia de la difusión de estos datos para que los ciudadanos entiendan la labor de las Instituciones Europeas y, con ello, conozcan el impacto de la UE en su día a día.

De acuerdo al mismo informe, presentado en la Oficina del Parlamento Europeo en España, durante el año 2022 el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron un total de 73 leyes, 42 de las cuales regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea.

De esas 42 normativas con origen europeo, 21 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, algunas de ellas tan significativas como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018 para adaptarse a la nueva realidad del mercado audiovisual; la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE; el Reglamento que regula la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust); o el Reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC).

Para Duch es importante que los ciudadanos sepan sobre la interrelación cada vez mayor entre la legislación a nivel comunitario y el trabajo de los parlamentos nacionales y, al mismo tiempo, entiendan la labor de la Unión Europea y conozcan el impacto concreto que esa pertenencia europea en sus vidas.

En la misma línea se ha pronunciado la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, al resaltar la importancia de trasladar al ciudadano, desde un lenguaje que entienda, la importancia de toda la normativa que viene de Europa y lo que esa normativa afecta en su día a día. "Desde las instituciones públicas intentamos traducir lo que se está haciendo en Europa y, si a veces a nosotros nos cuesta, ¿cómo no les va a costar a los ciudadanos entenderlo?", ha razonado.

Por otro lado, Duch ha incidido en la importancia de que las prioridades legislativas de la Unión Europea y del Parlamento Europeo coincidan con las de los ciudadanos. Es decir, "que no sean prioridades que vienen dictadas por otras vías, sino que respondan a lo que los ciudadanos solicitan a la Unión Europea, como la lucha contra el aumento del coste de la vida, contra la pobreza y exclusión social, o el cambio climático, y también la protección de la paz.

A lo largo del año 2022, las Cortes Generales han aprobado también, en respuesta a las decisiones adoptadas por la UE, varios paquetes de medidas dirigidas a paliar las graves consecuencias a nivel social, económico y energético de la Guerra en Ucrania y que han sido incluidas en diversas leyes y Reales Decreto-ley.

Otras iniciativas legislativas aprobadas, como resultado de la aplicación y transposición al ordenamiento español de reglamentos y directivas europeas, están relacionadas con residuos y suelos contaminados, telecomunicaciones, trabajadores del transporte por carretera, Información financiera para investigar infracciones penales, igualdad de trato y no discriminación, Ley Concursal y Juzgados de lo Mercantil, Ley para la creación y crecimiento de empresas, regulación del juego, y mercado de préstamos hipotecarios

El resto de normativas aprobadas (21 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo o de otras instituciones comunitarias. Es decir, respetan la línea de actuación marcada desde las instituciones de la UE. Estas iniciativas legislativas regulan materias relacionadas con la protección de los consumidores vulnerables, la sequía en el sector agrario, la seguridad de las comunicaciones 5G, la formación profesional, el mercado de la electricidad, la rehabilitación edificatoria, la temporalidad en los Servicios de Salud, el ahorro y la eficiencia energética, la reducción transitoria del IVA de los combustibles y la protección de los consumidores de energía y gas.

Este es el tercer año consecutivo en el que la Oficina del Parlamento Europeo en España presenta estas cifras que reflejan la influencia de las decisiones europeas en la política nacional. Tomando como referencia los primeros datos recopilados, de 2019, el porcentaje de leyes españolas derivadas de directivas y decisiones europeas ha aumentado en 15 puntos, desde el 42% al mencionado 57% de 2022, que ha sido el año con mayor registro de leyes con origen europeo.

En 2019, un total de once normativas de las 26 iniciativas legislativas aprobadas derivaron directamente de directivas y recomendaciones europeas. En 2020, ese porcentaje ascendió hasta el 50%. De las 27 normativas derivadas de decisiones europeas, ocho incluían la transposición de directivas. El porcentaje de leyes derivadas de directivas y decisiones europeas sumó, en 2021 volvió a aumentar, situándose en un 51% de las iniciativas legislativas aprobadas. 

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de Europa Press. Lee el original aquí]